“Con la presentación de esta ley, esperamos poder tener resultados a corto plazo y poder devolver a las familias ese espacio que les corresponde: los eventos deportivos”, declaró la ministra de la Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales.

La iniciativa presentada ante el Congreso prevé la creación de una dirección compuesta por representantes de todos los sectores. La Cámara de Diputados, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Comité Olímpico Paraguayo, la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Unión de Fútbol del Interior, el Cuerpo de Bomberos Voluntario y la SENAD deberán designar a un delegado para integrar el Consejo de Seguridad Deportiva y se designará a un director general.

La Dirección dispondrá de un padrón con los datos de integrantes de las hinchadas organizadas de todas las entidades deportivas, profesionales y no profesionales. Al momento del registro de las personas, se les entregará una credencial numerada única e intransferible con toda la información y una fotografía. Además, se encargará de exigir a las instituciones deportivas el cumplimiento del derecho de admisión.

El proyecto de ley también prevé que las personas que registren cualquier tipo de antecedentes no puedan ser registradas en el sistema como miembros de las hinchadas organizadas. Se creará un registro de personas con prohibición de acceder a las instalaciones deportivas y el mismo deberá ser actualizado por la Dirección mensualmente,

Este organismo contará con acceso y posibilidad de intercambio de datos relacionados a antecedentes penales y tendrá la potestad de fiscalizar y clausurar instalaciones deportivas una vez que el Consejo lo hubiere dictaminado.

La iniciativa obliga a los organizadores de los eventos deportivos a contratar seguridad privada, servicios médicos y de ambulancias, servicios de bomberos para el control de siniestros, compra de sistemas de detección de metales, pruebas de alcotest y narcotest.

La seguridad privada podrá controlar las entradas a los eventos, así como corroborar la identidad de los asistentes y revisar bolsos, vestimentas, vehículos y todo elemento que se ingrese a las instalaciones deportivas. También tendrá la facultad de impedir el acceso de quienes cuenten con prohibición y de expulsar a personas cuando la situación lo requiera. Podrán solicitar auxilio policial de ser necesario.

La distribución de las “entradas de gentileza” quedará prohibida, ya que el proyecto establece que todas las entradas deberán ser nominales, intransferibles y sólo podrán ser expedidas por empresas habilitadas por la Dirección General de Seguridad Deportiva.

La disposición establece que estará prohibido ingresar bombas de cualquier tipo, objetos cortantes, armas de fuego que puedan poner en peligro la integridad física de los asistentes. No se podrá ingresar con disfraces o pinturas que dificulten la identificación de las personas. También se prohibe la venta o entrega de bebidas alcohólicas tres horas antes y dos horas después del evento deportivo, así como durante el mismo. El incumplimiento podrá ser castigado con un mínimo de quinientos y un máximo de dos mil jornales mínimos

El incumplimiento de cualquiera de las demás disposiciones de la ley implicará una sanción de un mínimo de cincuenta y un máximo de dos mil jornales mínimos.

El proyecto será estudiado este miércoles en la Comisión de Deportes para que pueda ser dictaminado y posteriormente Diputados lo analizará en el pleno.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.